Detuvieron a Sergio Urribarri, ex gobernador de Entre Ríos
La Cámara de Casación dispuso el traslado de Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador en Israel, a la Unidad Penal 1 de Paraná. Urribarri fue condenado a 8 años de prisión por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito
La Cámara de Casación Penal de Paraná ordenó la prisión preventiva del exgobernador justicialista Sergio Daniel Urribarri (2007-2015) hasta que quede firme la sentencia que lo condenó en cinco causas de corrupción. El expediente fue remitido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tras concederse el recurso extraordinario federal solicitado por su defensa.
La decisión de la Cámara, conocida esta mañana, se plasmó en un escrito de 74 páginas. En su resolución, Casación revocó un fallo anterior del Tribunal de Juicio que había impuesto medidas restrictivas menos severas.
Por su parte, Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y también condenado en la misma causa, fue arrestado en Paraná y llevado al mismo centro penitenciario.
Urribarri fue acusado de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, delitos por los que recibió una condena de ocho años de prisión. La fiscalía presentó un contundente alegato en su contra, centrado en crímenes económicos, cartelización de publicidad y el desvío millonario de fondos públicos.
Su situación se agravó, con una pericia contable que reveló inconsistencias en su patrimonio por un monto cercano a 9 millones de dólares, según fuentes judiciales. Además, salieron a la luz, las principales irregularidades detectadas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación está a cargo de los fiscales Gonzalo Badano y Patricia Yedro, quienes recibieron un informe pericial contable elaborado por Romina Stepanic Pouey y Cristián Dumé. Este documento es clave en la causa, ya que busca analizar y explicar las inconsistencias o anomalías patrimoniales en relación con los ingresos declarados oficialmente.
El período en cuestión es relevante porque coincide con la totalidad del ejercicio de la función pública del investigado, abarcando posibles irregularidades económicas mientras estuvo al frente de cargos de gran responsabilidad política. Este tipo de investigaciones suelen ser complejas y tienen implicancias tanto legales como políticas.
